La pobreza molesta. Nos
recuerda que vivimos en un mundo injusto, y eso repugna a cualquier
conciencia. Solución: Ojos que no ven, corazón que no siente...
pero nuestros semejantes siguen pasando hambre.
El libre acceso del agua,
es uno de los Derechos Humanos amparados por Naciones Unidas, y que
los gobiernos de las denominadas democracias deberían garantizar.
Tristemente, no es así.
En Málaga la empresa
municipal de Aguas, EMASA, presidida por el alcalde, don Francisco
de la Torre, debe proveer de este servicio básico a todos los
malagueños. Así en su informe de “Responsabilidad Social
Corporativa” EMASA dispone que:
Buscamos el
acercamiento con nuestro
entorno más inmediato y para ello,
queremos hacer llegar a nuestra
comunidad que desde EMASA
pretendemos
ser accesibles y acercarnos y apoyar
socialmente a
todos los malagueños en
aras del bienestar y el desarrollo social
(…) EMASA, a través de sus
Buenas Prácticas
Sectoriales, más concretamente la BPS
de
Responsabilidad Social Corporativa,
ha
consolidado su política social. La
oportunidad de acercarnos a
nuestro
entorno más cercano orienta el enfoque,
control y
disposición de recursos a ser
responsables con la sociedad en
general
Veamos el compromiso social que tienen: En el barrio de la
Palma-Palmilla es muy normal comprar las viviendas sin acudir al
notario, y por tanto sin cambiar la titularidad del inmueble, ni de
los servicios ( agua, luz, recogida de basuras, IBI etc.) Los
servicios sociales deberían ayudar a todos los vecinos para
facilitar estos tramites, en beneficio de la comunidad, puesto que
todo el mundo debe pagar lo que le corresponde. Ni mas, ni menos.
Sorprende sobremanera ver a EMASA, acudiendo a todas las casas de los
vecinos de La Palmilla, y obligando a firmar ( a vecinos que no saben
leer ni escribir) reconocimientos de la deuda generada desde el
ultimo titular del agua, hasta la actualidad. De esta forma, en
algunos casos exigen mas de 60,000 €uros a vecinos por el
suministro del agua desde el año 1970, cuando el vecino lleva apenas
1 año viviendo en el inmueble. Al firmar el reconocimiento de deuda
se comprometen, si saberlo, a pagar los consumos que ellos no han
generado, lo que provoca que no puedan pagar, y que les corten el
agua.
Tristemente, el drama no acaba aquí, puesto que cuando “empalman“
la llave del agua para poder beber y ducharse, les ponen una querella
criminal por “defraudación en el consumo de suministros”
imponiendo multas de 3 a 12 meses, además del pago de la totalidad
de la deuda, aunque ellos no tengan nada que ver.
Este es un caso de criminalizacion de la pobreza ( nunca debería ser
delito proveerse de agua para beber, máxime cuando el corte se ha
producido al intentar la empresa concesionaria el cobro de una deuda
ajena, de forma maliciosa y mediante el enganyo), y constituye el
ejemplo de deuda ilegitima de libro.
El resultado es que se condena a la exclusión social perpetua a
quienes han cometido el unico delito, de vivir en un barrio pobre.
Enhorabuena a la “enorme” labor social de EMASA. Y de paso, que
se busquen abogado.
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